En medio de la disputa por el financiamiento del sistema universitario, la Justicia resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir fondos a las universidades.
La decisión fue adoptada por el juez de primera instancia Martín Cormick, a la espera de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución alcanza a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establecen la recomposición de salarios docentes y no docentes, así como la actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles. En la práctica, lo que queda en suspenso es la posibilidad de ejecutar judicialmente el cobro de esas obligaciones por parte del Estado.
UN FRENO PROVISORIO EN MEDIO DE LA DISPUTA JUDICIAL
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La medida responde a un pedido del Poder Ejecutivo, que el pasado 17 de abril presentó un recurso extraordinario federal para llevar el caso al máximo tribunal. Ese planteo se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá definir si habilita la instancia ante la Corte.
Cabe recordar que el mismo tribunal había fallado previamente a favor del Consejo Interuniversitario Nacional el 31 de marzo, confirmando la cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con la ley y actualizar los fondos destinados a las universidades.
UNIVERSIDADES ANTICIPAN APELACIÓN
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclararon que la nueva resolución no implica una definición de fondo y adelantaron que será apelada. “Mientras tanto lo vamos a recurrir”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la discusión central —la constitucionalidad y aplicación de la norma— sigue abierta.
En la misma línea, el equipo legal de las universidades consideró que la decisión “carece de sustento jurídico” y ya trabaja en su impugnación. El efecto concreto del fallo es otorgar carácter suspensivo a la ejecución de la cautelar hasta que la Corte Suprema se expida sobre el recurso del Gobierno.
REACCIÓN SINDICAL Y ESCENARIO ABIERTO
Desde el frente sindical, en tanto, interpretaron la medida como un paso procesal dentro de un conflicto más amplio. Según indicaron, los fallos favorables a las universidades continúan vigentes, aunque quedan momentáneamente sin posibilidad de ejecución.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, cuestionó la decisión judicial y afirmó: “Es un guiño al Gobierno, sin resolver la cuestión de fondo. No definió si corresponde que la cautelar llegue a la Corte, pero sí le dio efecto suspensivo”.
El conflicto por el financiamiento universitario, de este modo, entra en una nueva etapa judicial, con la definición final en manos de la Corte Suprema y un escenario de incertidumbre para el sistema educativo superior.
En medio de la disputa por el financiamiento del sistema universitario, la Justicia resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir fondos a las universidades.
La decisión fue adoptada por el juez de primera instancia Martín Cormick, a la espera de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución alcanza a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establecen la recomposición de salarios docentes y no docentes, así como la actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles. En la práctica, lo que queda en suspenso es la posibilidad de ejecutar judicialmente el cobro de esas obligaciones por parte del Estado.
UN FRENO PROVISORIO EN MEDIO DE LA DISPUTA JUDICIAL
La medida responde a un pedido del Poder Ejecutivo, que el pasado 17 de abril presentó un recurso extraordinario federal para llevar el caso al máximo tribunal. Ese planteo se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá definir si habilita la instancia ante la Corte.
Cabe recordar que el mismo tribunal había fallado previamente a favor del Consejo Interuniversitario Nacional el 31 de marzo, confirmando la cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con la ley y actualizar los fondos destinados a las universidades.
UNIVERSIDADES ANTICIPAN APELACIÓN
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclararon que la nueva resolución no implica una definición de fondo y adelantaron que será apelada. “Mientras tanto lo vamos a recurrir”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la discusión central —la constitucionalidad y aplicación de la norma— sigue abierta.
En la misma línea, el equipo legal de las universidades consideró que la decisión “carece de sustento jurídico” y ya trabaja en su impugnación. El efecto concreto del fallo es otorgar carácter suspensivo a la ejecución de la cautelar hasta que la Corte Suprema se expida sobre el recurso del Gobierno.
REACCIÓN SINDICAL Y ESCENARIO ABIERTO
Desde el frente sindical, en tanto, interpretaron la medida como un paso procesal dentro de un conflicto más amplio. Según indicaron, los fallos favorables a las universidades continúan vigentes, aunque quedan momentáneamente sin posibilidad de ejecución.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, cuestionó la decisión judicial y afirmó: “Es un guiño al Gobierno, sin resolver la cuestión de fondo. No definió si corresponde que la cautelar llegue a la Corte, pero sí le dio efecto suspensivo”.
El conflicto por el financiamiento universitario, de este modo, entra en una nueva etapa judicial, con la definición final en manos de la Corte Suprema y un escenario de incertidumbre para el sistema educativo superior. El fallo deja en pausa la ejecución de la medida que exigía transferencias de fondos y actualizaciones salariales, mientras se espera una definición de la Corte Suprema.
